Recomendaciones y responsabilidades de la Comisión Parlamentaria Especial para la Investigación de los Acontecimientos del 11 al 14 de abril de 2002

Recomendaciones

Los sucesos acaecidos del 11 al 14 de abril de 2002, deben ser esclarecidos por las autoridades competentes con la finalidad de consolidar la propuesta de diálogo nacional y reconciliación que han presentado las autoridades del Gobierno Nacional. Encontrar la veracidad de los hechos y la sanción de los responsables constituye el éxito del presente informe, para lo cual se hace necesario que la búsqueda de la verdad sea el norte de las investigaciones realizadas.

            La paz, la unidad y el diálogo son las vías idóneas para consolidar la estabilidad del país y para poder resolver la crisis social y política que vive la Nación, cuya máxima expresión fueron los trágicos hechos de abril.

            En tal sentido, esta Comisión Parlamentaria Especial para Investigar los Sucesos de abril de 2002, recomienda: El seguimiento e investigación de los hechos acaecidos los días 11 al 14 de abril por parte de las autoridades competentes y de los órganos jurisdiccionales con la finalidad de establecer las sanciones a que haya lugar.

La investigación exhaustiva de las violaciones y transgresiones a los derechos humanos durante los sucesos del 11 al 15 de abril por parte de los organismos gubernamentales y no gubernamentales dedicados a la materia, con la finalidad de colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos.

Se exhorta a las autoridades competentes asegurar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, el principio del debido proceso frente a las persecuciones, detenciones, allanamientos y excarcelaciones realizados los días 12,13y 14 no obstante las evidencias colectadas y las experticias que se realizaron.

Al Ministerio Público Recomendamos la oportuna investigación de las presuntas responsabilidades penales y el consecuente ejercicio de las acciones que correspondan, contando para ello con apoyo de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, además de los expertos nacionales e internacionales que sean necesarios para tal fin.

Iniciar el respectivo procedimiento disciplinario a los funcionarios que durante los días 12 y 13 de abril realizaron los allanamientos sin la debida orden judicial previa y sin el debido cumplimiento de las circunstancias establecidas en la ley para actuar en ausencia de la respectiva orden.

 

Al Ministerio de Interior y Justicia

-Sugerimos inicie las averiguaciones administrativas necesarias para precisar la eventual comisión de actos irregulares por parte de efectivos de los cuerpos de seguridad bajo su autoridad.

-Incluir como materia obligatoria dentro del programa educativo para la formación de los cuerpos policiales nacionales, la cátedra de Derechos Humanos.

-Actuar como ente rector en la coordinación de los organismos de seguridad para el resguardo de la ciudadanía en cualquier manifestación o actos de esta naturaleza.

 

Al Ministerio de Relaciones Exteriores

-Oficie a las Embajadas de Estados Unidos y de España para que aclaren la presunta participación de funcionarios acreditados en Venezuela, en la conspiración y golpe de Estado ocurrido el día 11 de abril de 2002.

 

A la Defensoría del Pueblo

-Asesorar a las víctimas de los sucesos acaecidos los días 11 al 15 de abril, en la defensa y ejercicio de los derechos que constitucional y legalmente le corresponden.

 

A la Asamblea Nacional

-Remitir el presente informe una vez aprobado, a los Organismos Internacionales a los cuales les competa el conocimiento de este análisis, y a las Embajadas Diplomáticas con sede en nuestro país, con la finalidad de confirmar el interés de la Asamblea Nacional en el esclarecimiento de los sucesos del 11 al 14 de abril.

-Se remita el presente informe al Consejo Moral Republicano y al Tribunal Supremo de Justicia, para que de conformidad con lo previsto en el artículo 274 de la Constitución, proceda a investigar y sancionar los hechos demostrados en el presente informe, y continúen las investigaciones en curso, a objeto de establecer las responsabilidades a que haya lugar.

-Exhortar al poder ciudadano para investigar y determinar las responsabilidades del caso, a los siguientes ciudadanos quienes, sin estar investidos de funciones públicas, actuaron de forma activa y concertada en la conspiración y golpe de Estado.

 

A los Medios de Comunicación

-De conformidad con lo establecido de los artículos 57 y 58 de la Constitución, exhortar a los organismos competentes para que se inicie la investigación sobre la actuación de los medios de comunicación audiovisual con cobertura nacional (televisoras privadas), como son Venevisión (Canal 4), Radio Caracas Televisión RCTV (Canal 2), Televén (Canal 10), y Globovisión (Canal 33).

 

A la Sociedad Venezolana

-La salida política es el diálogo, el entendimiento, el respeto por la democracia y la legalidad, el ordenamiento jurídico que establece las reglas de juego y bajo esas reglas debemos actuar. Irrespetar las disposiciones constitucionales y legales equivale a encaminamos a un desenlace fatal que la sociedad no debe permitir. Todas y todos tenemos cabida en el sistema democrático y a participar activamente en el ejercicio de nuestros derechos para poder alcanzar la unidad, la convivencia y la paz social, la única vía idónea de solucionar cualquier diferencia.

Texto íntegro de la sentencia del magistrado del TSJ Franklin Arrieche, con la cual se realizó para enjuiciar por el delito de rebelión militar a cuatro oficiales involucrados en el golpe de estado del 11 de abril. 2002

 

Sala plena accidental

Magistrado ponente: Franklin Arrieche

Vistos-

 

Comenzó este procedimiento de antejuicio de mérito mediante escrito que presentó el 24 de mayo de 2002, el ciudadano JUÁN ISAÍAS RODRÍGUEZ DÍAZ, en su carácter de Fiscal General de  República. Al comienzo, en su querella, el Fiscal General de la República expresó lo siguiente: “Yo, JULIÁN ISAÍAS RODRIGUEZ DIAZ, venezolano, mayor de edad, abogado, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 7.421, casado, titular de la cédula de identidad No. V- 2.218.534, domiciliado en la Avenida Méjico, Edificio Despacho del Fiscal General de la República, esquina “Pele el Ojo” con frente a Plaza Parque Carabobo, procediendo en mi carácter de Fiscal General de la República, según designación hecha por la , Asamblea Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 20 de diciembre de 2000, y de conformidad con el ordinal 5° del artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ocurro ante ese Supremo Tribunal, para instarlo, por vía de querella, proceda a realizar antejuicio de mérito en contra de los ciudadanos General de División (Ej.) EFRAÍN VÁSQUEZ VELAZCO, General de Brigada (Av.) PEDRO PEREIRA OUVARES, Vicealmirante HÉCTOR RAMÍREZ PEREZ y Contralmirante DANIEL LINO JOSÉ COMISSO URDANETA, con quienes no me une ningún vínculo de parentesco, mayores de edad Y de este domicilio; antejuicio de mérito que es de la competencia de ese Alto Tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 226, ordinal 2°, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 42, ordinal 5°, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y articulo 377 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal”. En el petitorio de dicho escrito el querellante expresó cuanto sigue:

 

PETITORIO

Por todo lo anteriormente expuesto, en mi carácter de Fiscal General de la República, solicito de ese Tribunal Supremo de Justicia que, con vista al contenido del expediente signado con el N° F5TSJ-01-002, contentivo de la averiguación previa hecha con ocasión a los hechos acontecidos los días  11, 12 13 de Abril del presente año, DECLARE, QUE HAY MERITO PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LOS CIUDADANOS: EFRAÍN VÁSQUEZ VELAZCO, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nro. V- 4.023.794, natural de Caracas, de estado civil casado, de profesión militar en servicio activo, actualmente con el rango de General de División del componente ejército de la Fuerza Armada Nacional; HECTOR RAMÍREZ PEREZ, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. V-2.814.408, natural de Caripito, Estado Monagas, de estado civil casado, residenciado en la Avenida Principal de Los Naranjos, Residencias Vista Bella, piso 1, Apto. 1-B, Urbanización Los Naranjos, Caracas, y de profesión militar en servicio activo, actualmente con el rango de Vicealmirante del componente Armada de la Fuerza Armada Nacional; PEDRO PEREIRA OLIVARES, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nro. 4.064.333, Natural de Carora, Estado Lara, de estado civil casado, residenciado en Calle San José, Residencias La Colina, Torre B, P.H. 4, Urbanización Colinas de La California, Caracas, y de profesión militar en servicio activo, actualmente con el rango de General de División del componente ejército de la Fuerza Armada Nacional; DANIEL LINO JOSE COMISSO URDANETA, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nro. V- 3.793.306, natural de Caracas, de estado civil casado, residenciado en Fuerte Tiuna, Viviendas de Guarnición, General en Jefe Justo Briceño, Town House N° 4, Urbanización El Valle, Caracas, y de profesión militar en servicio activo, actualmente con el rango de Contralmirante del componente Armada de la Fuerza Armada Nacional, contra quienes presento formal QUERELLA, de conformidad con la exigencia legal para los efectos del antejuicio de mérito, por la comisión del delito de REBELLION, previsto en el ordinal 1 del artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar, el cual fue cometido en el lugar, fecha y circunstancias que se dejan expuestas en el desarrollo de este escrito; y que, al decidir que hay mérito para sus enjuiciamientos, se hagan las participaciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico a los fines previstos en la normativa correspondiente. Señor Presidente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, señores Magistrados, la decisión es de ustedes y también la responsabilidad.

 

V DECISION

En virtud de las consideraciones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena Accidental, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 266 de la Constitución Nacional y con los artículos 377, 379 Y 381 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a dictar los siguientes pronunciamientos: 1) Declara que NO HAY MÉRITO PARA EL ENJUICIAMIENTO de los ciudadanos EFRAÍN VÁSQUEZ VELAZCO, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nro. V-4.023.794, natural de Caracas, de estado civil casado, de profesión militar en servicio activo, actualmente con el rango de General de División del componente del ejército de la Fuerza Armada Nacional; HECTOR RAMIREZ PÉREZ, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. V-2.814.408, natural de Caripito, Estado Monagas, de estado civil casado y de profesi6n militar en servicio activo, actualmente con el rango de Vicealmirante del componente Armada de la Fuerza Armada Nacional; PEDRO PEREIRA OLIVARES, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nro. 4-064.333, natural de Carora, estado Lara, de estado civil casado, y de profesión militar en servicio activo, actualmente con el rango de General de División del componente ejército de la Fuerza Armada Nacional y de DANIEL LINO JOSÉ COMISSO URDANETA, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. V- 3.793.306, natural de Caracas, de estado civil casado, y dé profesión militar en servicio activo, actualmente con el rango de Contralmirante del componente Armada de la Fuerza Armada Nacional, solicitado por el Fiscal General de la República, ciudadano JULIÁN ISAlAS RODRÍGUEZ DÍAZ; 2) Decreta el SOBRESEIMIENTO según el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal y 3) como consecuencia de lo anterior se ordena la suspensión de las medidas de cautela decretadas en esta causa.

 

MAGISTRADOS, agosto 2002

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